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“Ya no hablamos de distancias, sino de responsabilidad profesional”

El ingeniero Hilario Arroyo brindó detalles del reciente protocolo de aplicación de agroquímicos. El rol insustituible del profesional agrónomo.  

Miguel Viñuales (ZonaCampo)​



Hace algunas semanas, el Municipio suscribió con la Asociación de Ingenieros Agrónomos un protocolo de trabajo referido a la aplicación de agroquímicos en zonas linderas al casco urbano, exigiendo ciertas pautas técnicas basadas en lineamientos establecidos a nivel provincial, y agregando algunos requisitos extra para garantizar aún más la seguridad en estas franjas.


Con este acuerdo, Olavarría se inscribe dentro de los primeros municipios bonaerenses en dar un paso interinstitucional, donde actores del sector público y privado trabajen en conjunto para apuntalar las buenas prácticas ambientales en producción extensiva, como lo establece la Ordenanza Nº3651/14


En diálogo con ZonaCampo, el ingeniero agrónomo Hilario Arroyo explicó que el protocolo "apunta a resolver lo más conflictivo, que son los trabajos en lo que ahora llamamos la zona de amortiguamiento. Antes hablábamos de zona de exclusión, donde muchas legislaciones municipales hablan de distancia, de entre quinientos y mil metros donde no se podían hacer aplicaciones, no hay un criterio unificado en provincia de Buenos Aires. Naturalmente, el área urbana es siempre zona de exclusión."


Según Arroyo, especializado desde hace muchos años en la aplicación de agroquímicos, los lineamientos provinciales establecen que el área que se extiende de la línea urbana hacia el campo ya no es una zona de exclusión sino de trabajo controlado, donde se hace recaer toda la responsabilidad del amortiguamiento a nivel ambiental y sanitario sobre el profesional agrónomo interviniente.


"La gran diferencia es que ya no hablamos de distancias, sino de responsabilidad profesional. Antes de realizar cualquier aplicación en la zona de amortiguamiento, no solo tiene que haber un profesional interviniente, sino que además tiene que evaluar absolutamente todo,  el tipo de producto a utilizar, el equipo necesario para la aplicación y que esté bien regulado, tipo de pastillas, hasta las condiciones climáticas, en particular el viento, por la deriva. Incluso medir mediante tarjetas hidrosensibles que la gota llegue a donde tiene que llegar. En el caso de las escuelas rurales, hay una exigencia extra de trabajar fuera del horario escolar, ahí si es bien clara y excluyente", indicó.


Exigencia extra

Algunos de los requisitos centrales del protocolo a nivel provincial son que el profesional interviniente esté debidamente matriculado e inscripto, y pueda acreditar la realización de los cursos de capacitación establecidos por la normativa vigente. La municipalidad de Olavarría añadió a la versión local una exigencia extra, a través a mención expresa de la necesidad de presentar previamente la receta agronómica para poder realizar los trabajos.



Para el ingeniero agrónomo Hilario Arroyo, el establecimiento es un cambio de paradigma que va de la exclusión al uso racional y responsable de agroquímicos autorizados por SENASA, y es un llamado a una mayor participación profesional


"La receta agronómica es un gran tema, debiera exigirse siempre, pero muchas veces esto no sucede. En el caso del protocolo municipal se exige expresamente, es un requisito extra que con buen criterio se ha incluído. Para poder hacer una receta agronómica, el profesional debe estar debidamente matriculado, siendo que hoy se estima que estamos matriculados únicamente el 10 por ciento de los ingenieros agrónomos de la provincia", remarcó Arroyo, enfatizando el rol fundamental que cobrará el recientemente constituido Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia.


"De esta manera, previo a la cualquier aplicación, los aplicadores tenemos que labrar un acta de trabajo que funciona como una declaración jurada, firmada por el profesional, el operario de la máquina, y en lo posible también por el dueño del cultivo. Allí se da cuenta de todo lo evaluado, especialmente las condiciones climáticas, por lo cual, en caso de que haya alguna denuncia, queda la constancia de lo realizado y de los responsables", expresó.


Antes, durante y después

La determinación de esta franja de amortiguamiento corre por cuenta de la municipalidad, cuyo equipo de ingenieros agrónomos envían a los aplicadores habilitados un mapa satelital donde se demarcan con toda claridad el límite del ejido urbano, la zona de amortiguamiento y la zona rural.


"Entonces, si tenemos que hacer algo en la zona de amortiguamiento, no solo tenemos que completar la receta y presentarla en la Dirección Agropecuaria 48 horas hábiles antes, sino también asistir el día y hora, supervisar los trabajos, labrar el acta. Y si hay una denuncia posterior, tenemos que dar cuenta de lo realizado. Además, en todo momento la municipalidad puede auditar los trabajos, por lo cual hay una responsabilidad profesional que se nos llama a ejercer", explicó.


Las principales críticas al nuevo sistema giran en torno a que la exclusión, lisa y llana, asegura que en las zonas delimitadas no se realicen aplicaciones, mientras que el sistema de amortiguamiento puede dar lugar a un daño ambiental o sanitario y que, más allá de que se pueda establecer un responsable, el daño ya ocurrió.


Según Arroyo, siendo que la responsabilidad profesional tiene lugar antes, durante y después de la aplicación, es susceptible de auditoría por parte de la municipalidad, e incluye necesariamente la utilización de productos autorizados por SENASA, el nuevo sistema representa un cambio de paradigma de la exclusión a la responsabilidad. Por analogía, lo compara con la responsabilidad de la labor de un médico matriculado, cuya labor debe realizarse dentro del marco legal de prácticas profesionales incluyendo la prescripción de medicamentos autorizados por las autoridades correspondientes.


"Creo que el establecimiento de estos protocolos viene como respuesta a la demonización que hace parte de la sociedad respecto de los agroquímicos. Por eso ya no hablamos de distancia o exclusión, sino que se nos exige una mayor participación y responsabilidad profesional", concluyó.



Un productor azuleño exporta precisión a la meca d...
Mapa anual de precipitaciones Olavarría 2018

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Con este acuerdo, Olavarría se inscribe dentro de los primeros municipios bonaerenses en dar un paso interinstitucional, donde actores del sector público y privado trabajen en conjunto para apuntalar las buenas prácticas ambientales en producción extensiva, como lo establece la Ordenanza Nº3651/14


En diálogo con ZonaCampo, el ingeniero agrónomo Hilario Arroyo explicó que el protocolo "apunta a resolver lo más conflictivo, que son los trabajos en lo que ahora llamamos la zona de amortiguamiento. Antes hablábamos de zona de exclusión, donde muchas legislaciones municipales hablan de distancia, de entre quinientos y mil metros donde no se podían hacer aplicaciones, no hay un criterio unificado en provincia de Buenos Aires. Naturalmente, el área urbana es siempre zona de exclusión."


Según Arroyo, especializado desde hace muchos años en la aplicación de agroquímicos, los lineamientos provinciales establecen que el área que se extiende de la línea urbana hacia el campo ya no es una zona de exclusión sino de trabajo controlado, donde se hace recaer toda la responsabilidad del amortiguamiento a nivel ambiental y sanitario sobre el profesional agrónomo interviniente.


"La gran diferencia es que ya no hablamos de distancias, sino de responsabilidad profesional. Antes de realizar cualquier aplicación en la zona de amortiguamiento, no solo tiene que haber un profesional interviniente, sino que además tiene que evaluar absolutamente todo,  el tipo de producto a utilizar, el equipo necesario para la aplicación y que esté bien regulado, tipo de pastillas, hasta las condiciones climáticas, en particular el viento, por la deriva. Incluso medir mediante tarjetas hidrosensibles que la gota llegue a donde tiene que llegar. En el caso de las escuelas rurales, hay una exigencia extra de trabajar fuera del horario escolar, ahí si es bien clara y excluyente", indicó.


Exigencia extra

Algunos de los requisitos centrales del protocolo a nivel provincial son que el profesional interviniente esté debidamente matriculado e inscripto, y pueda acreditar la realización de los cursos de capacitación establecidos por la normativa vigente. La municipalidad de Olavarría añadió a la versión local una exigencia extra, a través a mención expresa de la necesidad de presentar previamente la receta agronómica para poder realizar los trabajos.



Para el ingeniero agrónomo Hilario Arroyo, el establecimiento es un cambio de paradigma que va de la exclusión al uso racional y responsable de agroquímicos autorizados por SENASA, y es un llamado a una mayor participación profesional


"La receta agronómica es un gran tema, debiera exigirse siempre, pero muchas veces esto no sucede. En el caso del protocolo municipal se exige expresamente, es un requisito extra que con buen criterio se ha incluído. Para poder hacer una receta agronómica, el profesional debe estar debidamente matriculado, siendo que hoy se estima que estamos matriculados únicamente el 10 por ciento de los ingenieros agrónomos de la provincia", remarcó Arroyo, enfatizando el rol fundamental que cobrará el recientemente constituido Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia.


"De esta manera, previo a la cualquier aplicación, los aplicadores tenemos que labrar un acta de trabajo que funciona como una declaración jurada, firmada por el profesional, el operario de la máquina, y en lo posible también por el dueño del cultivo. Allí se da cuenta de todo lo evaluado, especialmente las condiciones climáticas, por lo cual, en caso de que haya alguna denuncia, queda la constancia de lo realizado y de los responsables", expresó.


Antes, durante y después

La determinación de esta franja de amortiguamiento corre por cuenta de la municipalidad, cuyo equipo de ingenieros agrónomos envían a los aplicadores habilitados un mapa satelital donde se demarcan con toda claridad el límite del ejido urbano, la zona de amortiguamiento y la zona rural.


"Entonces, si tenemos que hacer algo en la zona de amortiguamiento, no solo tenemos que completar la receta y presentarla en la Dirección Agropecuaria 48 horas hábiles antes, sino también asistir el día y hora, supervisar los trabajos, labrar el acta. Y si hay una denuncia posterior, tenemos que dar cuenta de lo realizado. Además, en todo momento la municipalidad puede auditar los trabajos, por lo cual hay una responsabilidad profesional que se nos llama a ejercer", explicó.


Las principales críticas al nuevo sistema giran en torno a que la exclusión, lisa y llana, asegura que en las zonas delimitadas no se realicen aplicaciones, mientras que el sistema de amortiguamiento puede dar lugar a un daño ambiental o sanitario y que, más allá de que se pueda establecer un responsable, el daño ya ocurrió.


Según Arroyo, siendo que la responsabilidad profesional tiene lugar antes, durante y después de la aplicación, es susceptible de auditoría por parte de la municipalidad, e incluye necesariamente la utilización de productos autorizados por SENASA, el nuevo sistema representa un cambio de paradigma de la exclusión a la responsabilidad. Por analogía, lo compara con la responsabilidad de la labor de un médico matriculado, cuya labor debe realizarse dentro del marco legal de prácticas profesionales incluyendo la prescripción de medicamentos autorizados por las autoridades correspondientes.


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