Familias, docentes, estudiantes y productores de Azul sufren el aislamiento y ven comprometidos derechos básicos como la salud, la educación y la producción. La Sociedad Rural reclama que los impuestos vuelvan en obras, mientras Fundazul impulsa un proyecto para que los propios productores financien obras con reintegro a través de la tasa vial. Hay Escuelas Rurales que no tuvieron clases en todo el año.
Las lluvias de las últimas semanas agravaron una situación que los productores del partido de Azul describen como insostenible. Con más de 1.400 kilómetros de caminos de tierra, la red vial rural del distrito arrastra años de falta de mantenimiento estructural, a los que se sumó la intensidad de las precipitaciones.
El resultado es una red colapsada: según la Sociedad Rural de Azul (SRA), el 90% de los caminos se encuentra intransitable. En muchos casos no es posible circular ni siquiera con tractores. Esto dejó aisladas a decenas de familias y escuelas rurales, generando un impacto directo en la educación, la producción y el acceso a la salud.
La voz de la Sociedad Rural de Azul
Gabriel Palmisano, presidente de la SRA, describió la situación con crudeza:
“Hoy el 90% de los caminos rurales no están dando pasada. Hay escuelas que no han podido empezar las clases porque los chicos no pueden asistir, productores que no pueden sacar su producción y familias aisladas en sus campos. Ya hay caminos que no se transitan ni con tractores. Es lamentable el estado en que nos encontramos”.
El dirigente agregó la gravedad de la situación educativa: “Tenemos al menos tres escuelas rurales directamente sin clases: La Sofía, La Chumbeada y El Pajonal. En algunas, como en La Chumbeada, no hubo actividad escolar en todo el año”.
Tras la presentación realizada por la Sociedad Rural de Azul, la provincia de Buenos Aires otorgó la emergencia agropecuaria para los cuarteles más afectados del partido, medida que busca aliviar parcialmente el impacto de la crisis en los productores.
En paralelo, la Rural emitió un comunicado en el que reclamó mayor inversión en infraestructura y advirtió sobre la falta de respuestas estatales:
“El mal estado de los caminos rurales impacta directamente en la producción, el abastecimiento y la vida de comunidades enteras. Los productores bonaerenses cumplimos: aportamos miles de millones en impuestos y tasas. Pero esos recursos no vuelven en obras”.
El rol del Municipio y la COVIR
En Azul, la responsabilidad sobre los caminos recae en la Dirección de Vialidad Rural, un organismo descentralizado creado en 2024 y financiado con recursos de la tasa vial y transferencias provinciales.
La Comisión Vial Rural (COVIR), que funcionaba como órgano asesor integrado por más de 15 instituciones locales —entre ellas la Facultad de Agronomía, CREA, la Sociedad Rural, Federación Agraria y el INTA—, quedó debilitada este año cuando varias entidades decidieron retirarse.
En un comunicado, justificaron su decisión en la falta de información y planificación integral por parte del Municipio:
“Las lluvias y la falta de mantenimiento dejaron a familias, estudiantes y productores prácticamente aislados. No hemos podido cumplir con nuestro rol asesor porque no recibimos la información necesaria en tiempo y forma. Exigimos transparencia, planificación estratégica y ejecución de los fondos ya disponibles”.
El texto también señala que existen recursos depositados en la cuenta de la Dirección de Vialidad Rural que aún no fueron invertidos, lo que agrava la crisis actual.
La Propuesta de FUNDAZUL
Ante el deterioro de la red vial, la Fundación Azul (Fundazul) presentó una alternativa para acelerar las obras. Fundazul es una entidad local que desde hace años trabaja junto a productores en campañas sanitarias y gestiones vinculadas a la actividad, además de articular con organismos públicos en cuestiones de infraestructura rural.
El proyecto, explicado por su presidente, Carlos Masson, busca habilitar a los productores a financiar arreglos puntuales y luego recuperar esa inversión a través de la tasa vial.
“Si una obra cuesta diez millones de pesos y un productor la financia, ese monto se divide por el aporte mensual que realiza a la tasa vial y se descuenta de las próximas cuotas”, señaló Masson.
Una red vital para la producción y la vida rural
La dimensión del problema excede lo local. Por los caminos rurales bonaerenses circula el 90% de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos. En Azul, esa red es clave para transportar granos, hacienda y leche, además de ser la única vía de acceso para familias y escuelas rurales.
La falta de transitabilidad no solo encarece y demora la producción agropecuaria, sino que también compromete derechos básicos: la educación, ya que los alumnos no pueden asistir a clases; la salud, porque las ambulancias no llegan a los domicilios; y la seguridad, al dificultar la llegada de fuerzas de emergencia.
La crisis vial en Azul refleja un problema estructural que atraviesa a gran parte de la provincia: la brecha entre lo que productores y contribuyentes aportan al Estado en concepto de tasas e impuestos y lo que efectivamente se reinvierte en infraestructura rural.
El municipio cuenta con una Dirección de Vialidad Rural relativamente nueva, con fondos específicos y con un marco institucional diseñado para garantizar transparencia y eficiencia. Sin embargo, los productores denuncian que los recursos no se ejecutan con la urgencia que la situación exige.
En paralelo, entidades como la Sociedad Rural de Azul y Fundazul plantean alternativas: desde la declaración de la emergencia agropecuaria hasta la posibilidad de autogestión parcial de las obras, siempre bajo algún mecanismo de compensación.
Lo que está claro es que el tiempo juega en contra. Cada lluvia agrava la situación y multiplica las pérdidas. Sin caminos, el aislamiento y la parálisis productiva se vuelven inevitables.
