Un informe de la asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) reveló que una explotación agrícola de 200 hectáreas en Buenos Aires puede pagar hasta $18 millones anuales en impuestos provinciales, frente a poco más de $1,2 millones en Santa Fe y Córdoba. El estudio muestra diferencias de hasta 14 veces en la carga tributaria entre provincias para establecimientos de similares características.

La presión impositiva sobre el agro no depende únicamente de las retenciones nacionales. Un nuevo informe de la asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) puso el foco sobre los tributos provinciales y reveló una fuerte disparidad entre jurisdicciones: una explotación agrícola de 200 hectáreas ubicada en la provincia de Buenos Aires puede llegar a pagar cerca de $18 millones anuales en impuestos provinciales, frente a apenas $1,2 millones en Santa Fe y $1,3 millones en Córdoba.

El dato surge del primer Informe de Monitoreo Fiscal Subnacional elaborado por ICD, una entidad que busca aportar evidencia al debate sobre federalismo fiscal, transparencia tributaria y competitividad de las economías regionales.

Para el relevamiento se diseñaron cuatro perfiles representativos de contribuyentes de escala media: una familia tipo, un comercio minorista, una industria metalmecánica y una chacra agrícola de 200 hectáreas. Sobre cada caso se estimó la carga correspondiente por Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Automotor y Sellos, excluyendo impuestos nacionales y tasas municipales para poder comparar exclusivamente la estructura tributaria provincial.

El caso que más preocupa al sector agropecuario

La mayor diferencia detectada por el estudio aparece en el perfil agropecuario. Según ICD, una chacra bonaerense de escala media enfrenta una carga fiscal equivalente al 13,1% de sus ingresos anuales. De ese total, el Impuesto Inmobiliario Rural explica aproximadamente el 11,5%, convirtiéndose en el principal factor de presión tributaria.

En términos comparativos, la carga fiscal provincial sobre un establecimiento agrícola en Buenos Aires puede resultar entre 13 y 14 veces superior a la observada en Santa Fe o Córdoba y más de cuatro veces mayor que la registrada en Mendoza.

Juan Manuel Pérez Naufel, director ejecutivo de ICD, señaló que el problema no se limita a las alícuotas. Según explicó, el monto final que afronta cada productor depende de valuaciones fiscales, coeficientes, escalas y mecanismos administrativos que suelen ser difíciles de anticipar, afectando la previsibilidad de las inversiones.

Más allá de las alícuotas

Uno de los aportes más interesantes del informe es que muestra cómo la presión tributaria no siempre surge de un impuesto específico, sino de la combinación de valuaciones, mínimos, coeficientes y actualizaciones que cada provincia aplica de manera diferente. En Buenos Aires, por ejemplo, pequeños cambios en la valuación fiscal de un campo pueden modificar significativamente el monto final a pagar al ingresar a escalas superiores de tributación.

Desde ICD sostienen que el objetivo del monitoreo es generar información comparable y accesible sobre las finanzas provinciales, una discusión que suele quedar relegada frente al debate sobre los impuestos nacionales. La entidad anticipó además que continuará ampliando el relevamiento para incorporar progresivamente al resto de las provincias argentinas.