La iniciativa impulsada por el PRO propone incorporar nuevos delitos al Código Penal para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y los daños a bienes vinculados con la producción agropecuaria. Unión por la Patria cuestiona la superposición con figuras penales existentes y advierte que algunas sanciones podrían ser menores a las vigentes.

El proyecto de ley para penalizar el vandalismo rural obtuvo dictamen de mayoría el 6 de octubre en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa, presentada por el diputado del PRO Martín Ardohain, reunió 41 firmas y quedó habilitada para su tratamiento en el recinto.

La propuesta busca incorporar nuevas figuras al Código Penal para sancionar el ingreso sin autorización a establecimientos rurales y los daños que afecten directamente a la producción agropecuaria y su infraestructura. Sin embargo, durante el debate surgieron diferencias sobre la redacción de los artículos y las escalas de penas previstas.

Qué establece el proyecto

Uno de los puntos centrales es la incorporación del artículo 150 bis, que establecería penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a excluirlos.

El texto contempla que la existencia de alambrados, tranqueras, muros, vallas o carteles de prohibición permita presumir esa voluntad. También prevé excepciones para situaciones de necesidad justificada, auxilio o cuando no resulte posible distinguir claramente el límite entre el predio y la vía pública.

Por otra parte, la iniciativa propone incorporar el artículo 184 bis, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado.

La figura alcanzaría a los daños contra bienes directamente vinculados con la actividad agropecuaria, entre ellos cereales, oleaginosas, plantaciones, ganado, forrajes y leña. También incluye silobolsas, silos, tolvas, corrales, tranqueras, alambrados, sistemas de riego, bombas de agua, generadores y paneles solares.

El proyecto prevé, además, un agravamiento de las sanciones para determinadas circunstancias, como la intervención de funcionarios públicos, el aprovechamiento de conocimientos técnicos específicos o el abuso de una relación laboral o de confianza.

Al defender la iniciativa, Ardohain sostuvo que es necesario contemplar las particularidades del ámbito rural en la legislación penal y afirmó que la reforma permitiría mejorar la protección de las familias que viven y trabajan en el campo.

Qué cuestiona la oposición

Las objeciones de Unión por la Patria no se centran en la necesidad de abordar el vandalismo rural, sino en el contenido de la reforma impulsada por el PRO.

El diputado Ramiro Gutiérrez señaló que el proyecto vuelve a tipificar conductas que ya están contempladas en el Código Penal y que, en determinados casos, establece penas inferiores a las vigentes.

Su principal cuestionamiento apunta a la comparación entre el artículo 184 bis propuesto y el artículo 186, inciso 2°, del Código Penal actual. Según explicó, este último ya contempla penas de tres a diez años de prisión para determinados daños que afectan a cereales, plantaciones, ganado y otros bienes.

En ese sentido, advirtió que la nueva escala de dos a ocho años podría resultar más leve para conductas que se encuentran alcanzadas por la legislación vigente.

Gutiérrez también planteó que la superposición entre figuras penales podría generar dificultades de interpretación para jueces y fiscales, además de posibles contradicciones en la aplicación de las normas.

El legislador recordó que en 2020, junto con Sergio Massa, había impulsado una iniciativa sobre vandalismo rural y sostuvo que la respuesta legislativa debe mejorar la protección de los productores sin generar vacíos ni reducir sanciones existentes.

Cómo sigue el tratamiento

El dictamen de mayoría habilita el proyecto de Ardohain para su debate en el recinto de la Cámara de Diputados, donde deberá obtener media sanción para continuar su recorrido legislativo.

De acuerdo con la información difundida por la Cámara, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda también presentaron dictámenes de minoría.

De esta manera, la discusión legislativa continuará sobre las distintas propuestas para abordar los delitos que afectan a los establecimientos rurales, con diferencias entre los bloques respecto de cómo incorporar esas conductas al Código Penal y qué sanciones establecer.