El Gobierno Nacional, a través de Luis Caputo y una resolución del SENASA, anunció un cambio en el plan nacional de vacunación contra la fiebre aftosa. Desde la segunda campaña de 2026, se excluirán de la vacunación vaquillonas, novillos y novillitos, mientras que los feedlots quedarán exceptuados de la primera, lo que implicaría un ahorro estimado en 16 millones de dosis y 25 millones de dólares para los productores. Críticas y apoyos se multiplican en el sector.

El anuncio se enmarca en la estrategia del Gobierno de bajar costos de producción en el campo. Caputo sostuvo que la medida no compromete la sanidad animal ni el estatus internacional de la carne argentina, ya que esas categorías poseen inmunidad suficiente y las modificaciones no afectan las garantías comerciales que exige el mercado. Según los cálculos, el cambio en la vacunación de vaquillonas, novillos y novillitos permitirá dejar de aplicar alrededor de 14 millones de dosis, con un ahorro estimado de 22 millones de dólares, mientras que la excepción para los feedlots significará otros 2 millones de dosis menos y un ahorro adicional de 3 millones de dólares.

La medida, sin embargo, generó reacciones dispares dentro del sector ganadero. La Sociedad Rural Argentina celebró el anuncio al considerar que marca un paso hacia el objetivo de alcanzar el estatus sanitario de “libre de aftosa sin vacunación”, condición clave para acceder a mercados de mayor valor agregado. En cambio, otras entidades como Carbap y Confederaciones Rurales manifestaron cautela y remarcaron que estas decisiones no pueden tomarse de manera inconsulta. Advirtieron que, sin una estrategia clara y consensuada, existe el riesgo de comprometer la sanidad y la credibilidad internacional que Argentina ha consolidado con años de vacunación sistemática.

El debate no es nuevo. Desde hace meses se discute la conveniencia de avanzar hacia un esquema sin vacunación, tomando como referencia a países vecinos como Brasil y Paraguay, que ya iniciaron procesos de transición bajo un fuerte respaldo institucional y técnico. En este marco, la resolución del SENASA se presenta como un paso más en la política de desregulación que impulsa el Gobierno, orientada a reducir costos para los productores y a dinamizar la competitividad del sector, aunque todavía queda abierta la discusión sobre cómo equilibrar la eficiencia económica con la seguridad sanitaria.