Alcanza a derivados de la oleaginosa, no afectará a la producción primaria 

Por Andrés Lobato

En el marco de una nueva corrida cambiaria, el Gobierno nacional anunció una medida tendiente a reducir el gasto fiscal. En esta ocasión, y tras una serie de rumores en toda la cadena agroindustrial, el ministerio de Hacienda anunció que congelará por espacio de seis meses la rebaja gradual a los derechos de exportación a productos derivados de soja (aceite y harina). También adelantaron que eliminarán el Fondo Federal Solidario (FFS) y que reducirán al reintegro a las exportaciones en un 66%, de acuerdo a un esquema diferenciado por producto.

Los rumores se originaron a partir de una publicación del Boletín Oficial, en donde se suspendían hasta el próximo jueves 16 de agosto las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para soja y sus derivados.

Tras esta publicación, y una creciente confusión inicial en cuanto al alcance de esta decisión, el ministro de Hacienda anunció estas tres medidas, que según esa cartera apuntan a generar un ahorro fiscal de 15.000 millones de pesos durante el presente año y de 67.500 pesos para 2019. En el global, serían unos 82.500 millones de pesos, o 2.750 millones de dólares con la cotización que registran las pizarras al momento de redactar estas líneas.

Los alcances de esta medida, que coinciden con la visita de una misión del FMI para supervisar la economía nacional, tienen múltiples puntos de análisis. Urgido por la necesidad de engrosar las arcas fiscales, el presidente Mauricio Macri busca fondos en la cadena agroindustrial. Alertado por los múltiples reclamos de las entidades de productores y de entidades sojeras, eligió «tocar» la caja de la industria, y no afectar a la producción primaria.

De esta manera intenta no contrariar al sector productivo, que se volcó de manera masiva al trigo y buscará tomarse revancha de una fuerte caída en la cosecha de soja. Así, cumple de manera parcial la promesa de campaña de no modificar los derechos de exportación a la oleaginosa.

Como contrapartida, la medida castiga a quienes agregan valor, y de esta manera la Casa Rosada elige cuidar al sector primario, y promover la exportación de materia prima por sobre los procesos de transformación de la oleaginosa.

Pero la medida que sin duda generará un enorme impacto es la quita del FFS. De cara al Presupuesto 2019, y con municipios con sus presupuestos al límite, esta decisión traerá mucho ruido. La provincia de Buenos Aires es la mayor beneficiaria con estos ingresos, y en 2017 recibió unos 1.300 millones de pesos, mientras que en transcurso de este año habían recibido unos 1.000 millones de pesos.

De esta manera, Cambiemos se debate entre el ajuste del gasto fiscal, y el costo político que podría significar esta decisión, que no pasará inadvertida para la cadena agroindustrial, las entidades de productores y los municipios. 

Fuente: DEL SECTOR