La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires aceptó una medida cautelar solicitada por una ONG y suspendió artículos clave de las ordenanzas que regulaban las aplicaciones de fitosanitarios en Tandil y Rauch. El fallo se apoya en un eventual impacto ambiental sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú y volvió a encender la discusión entre producción, ambiente y seguridad jurídica.

Un fallo que vuelve a poner al agro en el centro de la escena

La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió aceptar una medida cautelar presentada por una organización no gubernamental y dispuso la suspensión provisoria de las ordenanzas municipales que regulaban el uso y la aplicación de fitosanitarios en los partidos de Tandil y Rauch. La decisión judicial se fundamenta en el potencial impacto ambiental sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú, considerado un bien colectivo de relevancia ambiental.

El fallo no analiza aún el fondo de la cuestión, pero sí ordena frenar la vigencia de los artículos cuestionados hasta tanto se evalúe con mayor profundidad la normativa y sus posibles efectos.

Qué cuestiona la Justicia

Según surge de la resolución, el máximo tribunal provincial hizo lugar al planteo de los demandantes al considerar que podrían existir riesgos ambientales y sanitarios asociados a las aplicaciones de productos fitosanitarios, especialmente en zonas cercanas a cursos de agua, pozos, áreas periurbanas y establecimientos educativos.

En ese marco, la Corte solicitó a los municipios involucrados que remitan antecedentes técnicos, ambientales y normativos, mientras continúa el análisis del caso. El dictamen previo del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, también había recomendado avanzar con la suspensión preventiva de las ordenanzas.

Impacto en la producción y preocupación en el sector

La decisión judicial generó preocupación entre productores y entidades rurales, que advierten sobre el impacto que este tipo de medidas puede tener en la seguridad jurídica, la planificación productiva y el manejo agronómico de los cultivos. Desde el sector señalan que las ordenanzas suspendidas habían sido aprobadas por los concejos deliberantes locales y contaban con criterios técnicos y marcos regulatorios específicos.

Además, remarcan que este tipo de fallos vuelve a poner en discusión las distancias de aplicación, los protocolos de buenas prácticas agrícolas y el rol de los municipios, en un contexto donde la producción agropecuaria convive cada vez más cerca de zonas urbanas.

Un debate que se repite

El caso de Tandil y Rauch se suma a otros antecedentes similares en la provincia de Buenos Aires y en distintas regiones del país, donde la Justicia interviene ante reclamos ambientales y sanitarios vinculados al uso de fitosanitarios. Para el agro, el desafío sigue siendo compatibilizar producción, ambiente y convivencia social, con reglas claras y basadas en evidencia científica.

Mientras tanto, la suspensión de las ordenanzas deja un escenario de incertidumbre normativa, a la espera de una resolución definitiva que marque un precedente sobre cómo se regulará el uso de fitosanitarios en zonas sensibles y cuencas hídricas de la provincia.