La diputada bonaerense Lucía Lorena Klug presentó un polémico proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), que propondría gravar las emisiones de metano derivadas del ganado bovino, calculadas según los kilogramos de CO₂ equivalente emitidos. La iniciativa desató una fuerte reacción del sector rural y abrió un debate sobre la viabilidad técnica, el impacto sobre la producción y el verdadero alcance de la medida en la mitigación del cambio climático.
Klug —diputada de Unión por la Patria (UxP), ligada al espacio Patria Grande— propone que los productores ganaderos de la provincia paguen una tasa proporcional a las emisiones de metano (expresadas en CO₂ equivalente) generadas por sus animales, a través de flatulencias y eructos, según la cantidad de cabezas de ganado y sus características productivas.
El proyecto argumenta que la medida responde a la urgente necesidad de reducir gases de efecto invernadero (GEI), dado que la provincia de Buenos Aires representa aproximadamente un cuarto de las emisiones nacionales; dentro de esa masa, se señala que el metano sería responsable del 27 % y la ganadería del 19 % de ese metano provincial.
Además, la iniciativa contempla la creación de un fondo fiduciario que destinaría lo recaudado a políticas de gestión ambiental y manejo de residuos, apuntando a compensar las emisiones mediante mejoras en el tratamiento de residuos sólidos urbanos, en línea con la normativa de gestión integral de residuos (GIRSU).
Según Klug, la tasa se apoya en el principio de “Responsabilidad Extendida del Productor” para el sector ganadero, entendiendo al metano como una emisión cuya magnitud debe ser internalizada en la cuenta ambiental de quienes producen.
Reacciones: rechazo del campo y críticas técnicas
La presentación del proyecto provocó inmediato rechazo en el ámbito agropecuario. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) calificó la propuesta como “sin sentido ni sustento técnico”, y criticó lo que definió como una “improvisación legislativa” que busca “cobrar por respirar a las vacas”.
CARBAP advirtió que la ganadería en la provincia ya soporta una de las presiones impositivas más altas del país; la tasa, a su juicio, encarecería los costos, afectaría la competitividad, reduciría la producción y pondría en riesgo empleos en zonas rurales.
Desde otros espacios legislativos también hubo críticas. El diputado provincial Luciano Bugallo (Coalición Cívica) calificó la iniciativa como un “impuesto a los pedos de las vacas” y sostuvo que resulta impracticable, ya que actualmente no existe tecnología accesible y creíble para medir las emisiones de metano de cada animal o establecimiento de forma individual.
Más allá de la oposición del campo, fuentes parlamentarias advierten que el proyecto no cuenta con respaldo de otros bloques, lo que deja en duda su viabilidad legislativa más allá de la presentación simbólica.
Críticas desde el debate público y mediático
La iniciativa generó un fuerte revuelo en los medios y en redes sociales: varios titulares ironizaron con la idea de “impuesto a los eructos y flatulencias de las vacas”.
Para muchos críticos, el proyecto tiene más valor simbólico que real: destinan su diana a emisiones biológicas —parte de ciclos naturales—, y dudan que un gravamen pueda traducirse en reducciones significativas de metano sin tecnologías de mitigación concretas (como cambios en la alimentación, captura de metano o manejo de estiércol).
Además, se cuestiona el costo administrativo y burocrático de medir emisiones por establecimiento —u animal—, lo que complica la implementación efectiva de la TAMBA.
Para el sector ganadero, la propuesta representa una carga adicional en un contexto ya delicado, con presión impositiva, costos elevados y márgenes ajustados —una combinación poco favorable para garantizar la producción sostenible sin afectar la rentabilidad.
