En Chacabuco, el aumento de la tasa vial -con subas de entre el 70% y el 100%- y la creación de una nueva tasa de salud reavivaron el malestar del sector agropecuario, que cuestiona la falta de mejoras en caminos y servicios

La discusión por las tasas municipales vuelve a encenderse en la provincia de Buenos Aires y esta vez tiene a Chacabuco como epicentro. Productores rurales del distrito denunciaron subas de entre el 70% y el 100% en la tasa vial para 2026, en un contexto de caminos rurales deteriorados, costos en alza y una próxima cosecha que pondrá a prueba la infraestructura local.

Según manifestaron productores del partido, el municipio de Chacabuco aplicó un fuerte incremento en la tasa vial, que ya había tenido una suba del 75% en 2025. A esto se suma la incorporación de una nueva “tasa de salud”, lo que profundizó el malestar del sector agropecuario.

Federico Bert, productor del distrito, expresó públicamente su reclamo al señalar que, mientras las tasas aumentan de manera significativa, los caminos rurales continúan en mal estado y los servicios no muestran mejoras acordes. En su caso particular, el monto a abonar pasó de $15.424 a $34.638 por parcela.

Desde la Sociedad Rural de Chacabuco, su presidente Alejandro Sciarretta confirmó los incrementos y cuestionó la relación entre lo que se paga y lo que se recibe. “Cualquier aumento en un servicio que se cumple a medias es caro”, afirmó, y recordó que el distrito cuenta con unos 800 kilómetros de caminos rurales, muchos de los cuales aún no fueron recorridos ni mantenidos de manera integral.

La situación genera preocupación de cara al inicio de la cosecha, ya que el deterioro de los caminos encarece la logística, dificulta el traslado de la producción y afecta la conectividad entre las localidades rurales. En este escenario, los productores reclaman mayor previsibilidad y transparencia en el destino de los fondos recaudados.

En paralelo, el intendente Darío Golía defendió la creación de la tasa de salud, argumentando que busca sostener un sistema sanitario deteriorado y calificándola como “una contribución accesible”. Sin embargo, concejales de la UCR–PRO y de La Libertad Avanza presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte bonaerense para frenar los aumentos y cuestionar la legalidad de las ordenanzas que los establecieron.

El debate se da además en un contexto más amplio: según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el 36% de los municipios bonaerenses presenta niveles bajos o regulares de transparencia fiscal, y Chacabuco se encuentra dentro de ese grupo. Un dato que suma tensión a una discusión que, lejos de cerrarse, promete seguir escalando.