El consultor ganadero sostiene que la prioridad debe ser garantizar el acceso de la carne argentina al mercado europeo y considera que la cadena necesita herramientas para demostrar el cumplimiento de las exigencias ambientales. Su posición contrasta con la de 47 entidades rurales, asociaciones y productores que volvieron a cuestionar la adhesión a la plataforma y reclamaron que no se obligue comercialmente a los ganaderos a incorporarse al sistema.

La discusión por VISEC Carne vuelve a generar diferencias dentro del sector ganadero argentino. Mientras un grupo de entidades rurales, asociaciones y productores renovó su rechazo a la plataforma de trazabilidad socioambiental y llamó a no adherir, el consultor ganadero Víctor Tonelli planteó que el debate debe centrarse en una cuestión que considera determinante: cómo garantizar que la carne argentina pueda seguir accediendo a mercados internacionales que exigen información verificable sobre el origen de los animales y las condiciones de producción.

En diálogo con ZonaCampo, Tonelli sostuvo que, independientemente de las controversias que rodean a VISEC, los exportadores argentinos deberán demostrar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Unión Europea para comercializar carne vacuna en ese destino.

“Hay que cumplir con la normativa europea si querés vender tu hacienda con destino a faena para ese mercado”, afirmó.

Su planteo llega en un momento en el que la discusión excede el funcionamiento de una plataforma. Por un lado, se encuentran quienes consideran necesario avanzar con sistemas de trazabilidad que permitan responder a los requisitos de los compradores internacionales. Por otro, productores y entidades cuestionan la intervención de una iniciativa privada en la certificación, el acceso a información productiva y las condiciones comerciales que pueden derivarse de la adhesión.

El reglamento europeo y la trazabilidad de la hacienda

El punto de partida es el Reglamento 1115/2023 de la Unión Europea, conocido como reglamento contra la deforestación, que alcanza a determinados productos, entre ellos la carne bovina.

La normativa establece que los productos incluidos en su alcance deben demostrar que no están vinculados con la deforestación posterior al 31 de diciembre de 2020 y que cumplen con la legislación pertinente del país de producción.

Para la cadena de la carne, esto implica poder identificar los establecimientos por los que pasó el ganado y contar con información geográfica y documental que permita acreditar el origen de los animales.

La fecha de aplicación prevista para los operadores medianos y grandes es el 30 de diciembre de 2026. Para determinados operadores pequeños y microempresas, el plazo se extiende hasta el 30 de junio de 2027, según las condiciones establecidas en la normativa europea.

En este escenario, los exportadores necesitan organizar la información de sus proveedores para responder a los requerimientos de los importadores. Aunque las obligaciones formales del reglamento recaen sobre los operadores alcanzados por la legislación europea, las exigencias pueden trasladarse a la organización comercial de toda la cadena de suministro.

Para Tonelli, esta distinción no modifica el problema de fondo: si un establecimiento pretende integrar una operación destinada a Europa, su hacienda deberá reunir las condiciones que permitan demostrar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

“Es el que está disponible y es gratuito”

VISEC Carne es una plataforma que busca reunir, validar y compartir información sobre los establecimientos ganaderos y los animales que integran la cadena exportadora. La herramienta permite incorporar datos de los rodeos y de las unidades productivas, con el objetivo de respaldar la trazabilidad socioambiental desde el campo hasta la exportación.

La inscripción de los productores no tiene costo. El procedimiento contempla la carga y validación de información, la aceptación de los términos de uso, una declaración jurada y la vinculación con los datos correspondientes del sistema SIGSA del SENASA mediante un token asociado al RENSPA.

Tonelli considera que, frente a las exigencias comerciales que se aproximan, disponer de un mecanismo que facilite esa tarea es fundamental.

“Es el que está disponible, es gratuito y te permite hoy como ganadero poder acceder a ese mercado el día que la reglamentación esté firme y sea obligación del exportador argentino darle las garantías al importador europeo”, explicó.

Sin embargo, aclaró que su posición no supone considerar a VISEC como la única alternativa posible. Al referirse a las críticas que recibe la plataforma, sostuvo que cada productor puede evaluar otras opciones.

“No es VISEC, bueno, mirá, buscá la que te guste, o hacete una si no te gusta”, expresó.

En ese sentido, mencionó que entiende que la provincia de Santa Fe también está desarrollando o ya cuenta con un mecanismo para acreditar estas condiciones, aunque circunscripto a animales nacidos, criados y enviados a faena dentro de esa jurisdicción.

El consultor señaló, además, que tiene referencias de otras plataformas, pero que no ha accedido a ellas y, por lo tanto, no está en condiciones de emitir una opinión sobre su funcionamiento.

Su argumento, entonces, no se limita a la defensa de una herramienta determinada, sino a la necesidad de contar con un sistema que permita ofrecer garantías verificables sobre el origen de la hacienda destinada a mercados que las exijan.

El riesgo comercial: no se trata solamente de cobrar un plus

Uno de los aspectos más contundentes de la entrevista es la advertencia de Tonelli sobre las consecuencias que podría tener la falta de información o documentación requerida para integrar una operación de exportación.

“Sin una plataforma que te dé esa garantía y esa seguridad, no tenés forma de exportar”, afirmó.

Y fue más allá al diferenciar el posible reconocimiento económico por cumplir con determinadas condiciones del riesgo de quedar excluido de una operación comercial.

“No es que te van a pagar más, directamente no te van a poder comprar”, sostuvo.

Para el consultor, la cuestión no debería analizarse únicamente en términos de un eventual sobreprecio para la hacienda que cuente con la documentación solicitada. Lo que está en juego, a su entender, es la posibilidad de que un comprador o exportador pueda incorporar esos animales a una cadena destinada a un mercado determinado.

También advirtió que la falta de acreditaciones podría traducirse en diferencias de precios o en condiciones comerciales desfavorables.

Como antecedente, recordó lo ocurrido con operaciones vinculadas a la certificación sanitaria de establecimientos, cuando la falta de un certificado requerido podía afectar la comercialización de la hacienda.

La comparación busca ilustrar un mecanismo habitual en los mercados: cuando una condición resulta indispensable para concretar una operación, no cumplirla puede representar una limitación comercial que va más allá de la posibilidad de obtener un mejor precio.

Esto no significa que toda hacienda que no esté registrada en VISEC quede automáticamente excluida de cualquier mercado. La incidencia depende del destino, de los requisitos aplicables y de las condiciones establecidas por los compradores. El punto planteado por Tonelli es que, para las operaciones que demanden esa trazabilidad, la cadena deberá encontrar la manera de demostrarla.

Los cuestionamientos de las entidades rurales

La posición del consultor contrasta con el planteo difundido el 13 de octubre por 47 entidades, organizaciones, productores y referentes del sector agropecuario, que volvieron a pedir que los ganaderos no adhieran a VISEC Carne.

El comunicado retoma objeciones que ya habían sido expresadas en meses anteriores y cuestiona tanto la presión comercial para incorporarse a la plataforma como el sustento legal de los certificados asociados al sistema.

Entre los firmantes figuran sociedades rurales de distintas provincias, asociaciones de productores y referentes particulares. La Sociedad Rural de Santa Fe es una de las entidades que manifestó públicamente sus reparos.

Uno de los argumentos centrales de los críticos es que el Reglamento 1115 de la Unión Europea establece obligaciones para los operadores que introducen los productos en ese mercado, pero no impone directamente a cada productor argentino la inscripción en una plataforma privada específica.

Desde esa interpretación, sostienen que no debería presentarse la adhesión a VISEC como una obligación general para toda la ganadería argentina.

También cuestionan el acceso a información productiva, la solicitud de datos georreferenciados y la utilización de información que, según plantean, ya se encuentra en poder de organismos oficiales. En el mismo sentido, reclaman que el Estado argentino tenga un papel central en la instrumentación de mecanismos que permitan acreditar el origen y las condiciones de producción.

Los firmantes consideran, además, que el cumplimiento de la legislación nacional sobre bosques nativos y los ordenamientos territoriales provinciales deberían tener un papel determinante en la demostración de la legalidad ambiental de la producción.

En su comunicado, ponen en duda el sustento legal de los certificados vinculados con VISEC y cuestionan que frigoríficos y exportadores puedan utilizarlos como requisito para comprar hacienda.

Se trata de objeciones formuladas por las entidades y productores firmantes, que expresan una interpretación sobre los alcances de la normativa europea y sobre la legitimidad del sistema elegido para responder a sus exigencias.

La presión comercial y las condiciones de compra

Otro punto de conflicto es la relación entre la adhesión a la plataforma y las operaciones de compraventa de hacienda.

Según declaraciones recogidas por medios especializados, representantes de entidades rurales señalaron que algunos frigoríficos y exportadores solicitan documentación vinculada con VISEC para comprar determinados animales y que, en ciertos casos, se habla de posibles adicionales de precio para los productores adheridos.

Los críticos cuestionan que esas condiciones se trasladen a los ganaderos antes de que exista plena aplicación del reglamento europeo y advierten sobre el riesgo de que la plataforma termine condicionando el acceso a determinados compradores.

La cuestión es relevante porque, aunque la inscripción sea voluntaria desde el punto de vista formal, las exigencias de una cadena comercial pueden influir en la decisión del productor que busca vender hacienda destinada a un mercado específico.

Desde la perspectiva de Tonelli, justamente allí reside la importancia de anticiparse a los requisitos de exportación. Para él, la posibilidad de acreditar el origen de los animales no es solamente un aspecto administrativo, sino una condición que puede incidir en la continuidad de determinadas operaciones.

El desacuerdo se concentra, por lo tanto, tanto en la necesidad de contar con información verificable como en quién debe administrarla, bajo qué reglas, con qué garantías y mediante qué instrumentos.

“Pasaron cuatro años y seguimos debatiendo”

Consultado sobre la solicitada difundida por las entidades rurales, Tonelli expresó un desacuerdo explícito con sus argumentos y con el momento en que se vuelve a instalar la discusión.

“Para mí, el debate a esta altura del partido es una pérdida de tiempo. Vi la solicitada y no puedo coincidir ni con los conceptos ni con el momentum”, afirmó.

El consultor señaló que el sector conoce desde hace varios años las exigencias vinculadas con la normativa europea y consideró que ese tiempo debería haberse aprovechado para avanzar en los mecanismos necesarios para cumplirlas.

“Pasaron cuatro años desde que nos enteramos de esto y seguimos debatiendo. Hay que resolver los temas”, concluyó.

La controversia por VISEC Carne continúa así sobre dos planos relacionados, pero diferentes: por un lado, la necesidad de demostrar el origen y las condiciones de producción de la carne destinada a mercados con exigencias ambientales específicas; por otro, las discusiones sobre la plataforma elegida, la intervención de actores privados, el manejo de la información y las condiciones comerciales que se establecen para la hacienda.

Mientras las entidades críticas reclaman garantías jurídicas y una mayor intervención estatal, Tonelli pone el acento en las consecuencias que podría tener no contar con mecanismos adecuados para acreditar el cumplimiento de los requisitos de exportación. En el centro de la discusión permanece la manera en que la cadena argentina de ganados y carnes se organizará para responder a las condiciones de sus compradores internacionales.