Tras eliminar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), el Ejecutivo busca facilitar el ingreso de equipos a menor costo. Productores celebran la medida, mientras la industria nacional advierte sobre el impacto en el empleo y la sanidad agropecuaria.
Después de tres décadas de vigencia, el Gobierno argentino eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una medida que hasta ahora restringía el ingreso de maquinaria y equipamiento usado al país. La decisión, impulsada por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a reducir costos y facilitar el acceso a tecnología en sectores clave como el agropecuario, el energético y el minero. Mientras los productores y contratistas rurales ven con buenos ojos esta apertura, la industria nacional pone el foco en las consecuencias para el empleo, la producción local y el riesgo sanitario.
El anuncio oficial se conoció a través de la red social X, donde el ministro Caputo afirmó: “A partir de ahora, quienes necesiten importar podrán hacerlo de forma automática, sin la necesidad de realizar trámites”. Con esta decisión, se elimina la exigencia de tramitar el CIBU —creado por la resolución 909/1994 del entonces ministro Domingo Cavallo—, que implicaba un complejo circuito de validaciones entre la Secretaría de Comercio, la industria y los importadores.
Según Caputo, solo en lo que va de 2024 se habían tramitado unos 1.500 expedientes. La intención oficial es agilizar procesos y permitir que sectores con dificultades para acceder a bienes de capital nuevos puedan optar por equipos usados, abaratando sus costos y mejorando su competitividad. En el campo, donde muchas veces se utilizan tractores, sembradoras y pulverizadoras de alta gama con vida útil extendida, la medida es celebrada como una herramienta que puede mejorar la eficiencia productiva.
La resolución llega poco después de un fuerte reclamo de Estados Unidos hacia Argentina y Brasil, acusando a ambos países de bloquear la importación de ganado en pie y maquinaria “remanufacturada”. Desde Washington, se consideraba que estas restricciones eran una traba al comercio bilateral. En su reciente gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei expresó su compromiso con “adecuar la normativa argentina a la propuesta de aranceles recíprocos” del gobierno de Donald Trump (El País, 4/4/25).
Sin embargo, la medida no fue bien recibida en todos los sectores. La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) manifestaron su preocupación por el posible ingreso de maquinaria obsoleta, con poco control sanitario y sin trazabilidad, que podría desplazar a la producción nacional (Noticias Agropecuarias, 6/2/25). “Esto impacta en la competitividad y puede destruir empleo calificado en nuestras fábricas”, alertaron.
En Santa Fe, una de las provincias más representativas del sector, la Federación Industrial (FISFE) fue más allá: aseguró que la desregulación podría afectar directamente a más de 200 pymes fabricantes y poner en riesgo unos 5.000 empleos directos, sin contar el efecto sobre la cadena de proveedores, talleres de mantenimiento, desarrollos tecnológicos y capacitaciones específicas que hoy forman parte del ecosistema de la maquinaria agrícola nacional (El Litoral, 7/4/25).
Además, advirtieron sobre los peligros sanitarios que implica el ingreso de equipos usados sin el debido control fitosanitario, especialmente si provienen de países con plagas ausentes en Argentina. La preocupación no es menor: una maquinaria mal limpiada puede transportar tierra, semillas o restos biológicos que afecten cultivos o provoquen brotes sanitarios.
El debate está abierto: mientras algunos celebran la posibilidad de modernizarse a menor costo, otros reclaman una estrategia más equilibrada que contemple la defensa de la industria nacional y la protección de los estándares sanitarios. En el centro de la escena está el agro argentino, que deberá encontrar el punto justo entre la necesidad de eficiencia y el compromiso con el desarrollo local.
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