A través del decreto 439/2025, se confirmó la suba en los Derechos de Exportación para soja y maíz, mientras que los cereales de invierno continuarán con alícuotas reducidas hasta marzo del próximo año. Desde el sector advierten el impacto económico de la medida sobre los productores
Este miércoles, el Gobierno nacional oficializó mediante el decreto 439/2025 la suba de las retenciones a las exportaciones de soja y maíz, tras el vencimiento del esquema transitorio vigente desde enero. En contraste, decidió mantener los actuales porcentajes para el trigo y la cebada hasta marzo de 2026. La medida, que genera inquietud en el agro, había sido anticipada por distintas entidades que advertían el costo fiscal que implicaría para los productores el regreso a los niveles anteriores.
El aumento en los Derechos de Exportación (DEX) alcanza a la soja, que pasa del 26% al 33%, y al maíz, que sube del 9,5% al 12%. La misma suba se aplica al sorgo, mientras que en el caso del girasol, se eleva de 5,5% a 7%. En tanto, los cereales de invierno —trigo y cebada— seguirán tributando un 9,5% al menos hasta marzo del próximo año.
Días atrás, un informe elaborado por la Sociedad Rural Argentina, distrito 7 de Entre Ríos, advertía que volver a los índices de principios de año implicaría una transferencia de casi 1.000 millones de dólares desde los productores de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) hacia el Estado. Esa cifra equivale, según la entidad, a más de 1,7 millones de hectáreas de soja, más de 1,8 millones de terneros o más de 10.000 tractores nuevos.
Además, el estudio estimaba que los productores de esa región aportan el 58% del total nacional de DEX agrícolas, lo que representa 3.811 millones de dólares bajo el esquema de retenciones reducidas. Con la suba ahora oficializada y una campaña similar a la de 2024/25, ese aporte podría alcanzar los 8.195 millones de dólares.
Desde el sector agropecuario no ocultan su preocupación por el impacto que esta medida tendrá sobre la rentabilidad, especialmente en un contexto de costos altos y márgenes ajustados. La confirmación del nuevo esquema vuelve a poner en debate el peso de la presión fiscal sobre el campo y su efecto sobre la producción y las inversiones.
