La Ley de Gestión Integral de Plaguicidas genera un nuevo conflicto entre el Gobierno de La Pampa y las entidades rurales, que exigen su derogación por considerarla una amenaza para la producción agropecuaria en la provincia.

El conflicto entre el Gobierno de La Pampa y el sector agropecuario suma un nuevo capítulo. La Ley 3.288, conocida como "Ley de Gestión Integral de Plaguicidas", fue aprobada en 2020, pero hasta ahora no se ha implementado debido a la falta de reglamentación. Sin embargo, el reciente avance en los borradores de esta reglamentación ha encendido la alarma en el campo pampeano, que vuelve a unirse para manifestar su rechazo.

Las entidades que integran la Mesa de Enlace (Carbap, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Sociedad Rural Argentina) junto con CREA, Aapresid, y otras organizaciones regionales, expresaron una oposición frontal a la normativa. Según manifestaron en un comunicado conjunto, la ley representa "graves perjuicios para la producción agropecuaria pampeana" y su redacción ignora el trabajo previo realizado en la COPROSAVE (Comisión Provincial de Sanidad Vegetal), donde se había discutido una actualización de la Ley 1.173, normativa anterior sobre el uso de agroquímicos.

Los motivos del rechazo

Las entidades que representan a los productores rurales argumentan tres puntos clave de disconformidad:

1. Ignorancia del trabajo previo: Consideran que la redacción de la ley no tuvo en cuenta los aportes realizados en el ámbito de COPROSAVE, donde participaron referentes de organismos públicos y privados en un esfuerzo coordinado para actualizar la legislación vigente.
2. Desconocimiento de los aportes técnicos: Durante el tratamiento legislativo, se soslayaron las observaciones de organismos técnicos y entidades agropecuarias, que habían advertido sobre los efectos negativos de la normativa.
3. Desactualización de la ley: Las asociaciones sostienen que la Ley 3.288, debido a la falta de aportes técnicos, ya nació desactualizada y con vacíos normativos frente a los avances tecnológicos en el sector.

Además, los borradores de la reglamentación incluyen disposiciones que, a juicio de los productores, no solo aumentan la carga burocrática, sino que atentan contra el derecho a la propiedad privada y criminalizan la actividad agropecuaria. Las entidades enfatizan que estas regulaciones afectan con mayor dureza a los productores con menores recursos administrativos, dificultando sus operaciones.

El pedido del sector

Ante esta situación, los representantes del agro pampeano exigen la derogación de la Ley 3.288 y reiteran su disposición a colaborar en la creación de una nueva normativa que proteja la salud pública, el medio ambiente y la producción agropecuaria en la provincia. En su comunicado, recalcaron su voluntad de trabajar en conjunto para lograr un marco regulatorio que equilibre estas prioridades, y recordaron que cada vez que se los convocó, respondieron con propuestas de diálogo y colaboración.