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"Si las tasas no reciben como prestación un servicio hay que rebelarse fiscalmente porque está todo el derecho de nuestro lado"

 El diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, brindó una conferencia de prensa en el Congreso Maizar 2024 y llamó a los productores a encabezar una "rebelión fiscal" en la provincia de Buenos Aires.

En sus declaraciones, Espert apuntó contra el gobernador Kicillof por la suba de impuestos: "Tiene que haber un principio de correspondencia entre lo que se cobra y la contraprestación de servicio que reciben. Comiencen una revolución en los municipios, en los lugares donde los intendentes no den una contraprestación. Empecemos una rebelión fiscal. Si no pagamos las tasas se caen: empecemos, y solo eso nos va a llevar a una autonomía provincial y municipal".



Espert, conocido por sus posturas liberales y su crítica abierta al intervencionismo estatal, argumenta que la carga impositiva actual es insostenible y perjudica tanto a empresas como a individuos. Durante su discurso, destacó que el país enfrenta uno de los niveles de presión fiscal más altos del mundo, lo que, según él, desincentiva la inversión y la creación de empleo. "Es hora de decir basta a un Estado que nos exprime sin darnos nada a cambio", afirmó Espert, incitando a los ciudadanos a dejar de pagar impuestos como forma de protesta.


 La reacción del gobierno no se hizo esperar. Funcionarios del Ministerio de Economía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) calificaron la propuesta de Espert como irresponsable y peligrosa. Advirtieron que un llamado a la desobediencia fiscal podría desestabilizar aún más la ya frágil economía del país. "Este tipo de declaraciones son un acto de sabotaje contra el bienestar nacional y no contribuyen a una solución constructiva", señaló un portavoz del gobierno.



En el ámbito empresarial, la propuesta de Espert ha generado opiniones divididas. Mientras algunos empresarios ven en el llamado una forma legítima de expresar su frustración ante una carga tributaria excesiva, otros consideran que la medida podría tener consecuencias negativas a largo plazo. "La rebeldía fiscal podría llevar a un colapso de los servicios públicos esenciales y a un deterioro aún mayor de la infraestructura", comentó un analista financiero.



Por su parte, los ciudadanos de a pie muestran una mezcla de apoyo y preocupación. Algunos, hartos de lo que perciben como una mala gestión estatal y una corrupción endémica, ven en la rebelión fiscal una herramienta de presión efectiva. Sin embargo, otros temen las repercusiones legales y económicas de no cumplir con sus obligaciones tributarias. "Entiendo el enojo de Espert, pero no sé si dejar de pagar impuestos es la solución. Podríamos terminar en una situación peor", expresó un residente de Buenos Aires.

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Espert, conocido por sus posturas liberales y su crítica abierta al intervencionismo estatal, argumenta que la carga impositiva actual es insostenible y perjudica tanto a empresas como a individuos. Durante su discurso, destacó que el país enfrenta uno de los niveles de presión fiscal más altos del mundo, lo que, según él, desincentiva la inversión y la creación de empleo. "Es hora de decir basta a un Estado que nos exprime sin darnos nada a cambio", afirmó Espert, incitando a los ciudadanos a dejar de pagar impuestos como forma de protesta.


 La reacción del gobierno no se hizo esperar. Funcionarios del Ministerio de Economía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) calificaron la propuesta de Espert como irresponsable y peligrosa. Advirtieron que un llamado a la desobediencia fiscal podría desestabilizar aún más la ya frágil economía del país. "Este tipo de declaraciones son un acto de sabotaje contra el bienestar nacional y no contribuyen a una solución constructiva", señaló un portavoz del gobierno.



En el ámbito empresarial, la propuesta de Espert ha generado opiniones divididas. Mientras algunos empresarios ven en el llamado una forma legítima de expresar su frustración ante una carga tributaria excesiva, otros consideran que la medida podría tener consecuencias negativas a largo plazo. "La rebeldía fiscal podría llevar a un colapso de los servicios públicos esenciales y a un deterioro aún mayor de la infraestructura", comentó un analista financiero.



Por su parte, los ciudadanos de a pie muestran una mezcla de apoyo y preocupación. Algunos, hartos de lo que perciben como una mala gestión estatal y una corrupción endémica, ven en la rebelión fiscal una herramienta de presión efectiva. Sin embargo, otros temen las repercusiones legales y económicas de no cumplir con sus obligaciones tributarias. "Entiendo el enojo de Espert, pero no sé si dejar de pagar impuestos es la solución. Podríamos terminar en una situación peor", expresó un residente de Buenos Aires.

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